La Ley de Creación del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios creada en 1988 fue derogada este martes con 62 votos de los diputados oficialistas de la Asamblea Legislativa. Al mismo tiempo, crearon otra ley, con el mismo nombre pero con modificaciones en su contenido, entre estas el porcentaje de fondos públicos que serán destinados para las obras en los municipios.
La ley derogada establecía que se entregaría a las alcaldías el 10 % de los ingresos corrientes del Estado, es decir, de los impuestos. La nueva ley reduce este porcentaje al 1.5 %. La diputada de VAMOS Claudia Ortiz dijo que la nueva ley también contempla que la deuda de las alcaldías será asumida por el Ministerio de Hacienda. Esto está contenido en el artículo 10, que reza de la siguiente manera: “A partir de la vigencia de la presente Ley, el Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General de Tesorería, asumirá la responsabilidad de realizar las transferencias de recursos para el pago de las cuotas, que los municipios adeudan a las entidades financieras; en ese sentido, continuará atendiendo el pago de las obligaciones crediticias de los municipios, que estuvieren pendientes de ser liquidadas, hasta su completa cancelación”.
El dictamen con la Ley fue aprobado hace un mes por la comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa y sometido a la votación del pleno este martes, donde obtuvo mayoría y pasará al Ejecutivo a la espera de su sanción (aprobación). Al ocurrir esto, será enviada para su publicación al Diario Oficial y convertida en Ley. La Presidencia también ha solicitado la creación de la Dirección Nacional de Obras Municipales (DOM) para centralizar las obras municipales y administrar los fondos para las mismas. El fondo para las municipalidades está protegido por la Constitución, que garantiza su existencia en el artículo 207. La Constitución establece que “los fondos municipales no se podrán centralizar en el Fondo General del Estado, ni emplearse sino en servicios y para provecho de los Municipios”. También manda que “para garantizar el desarrollo y la autonomía económica de los Municipios, se creará un fondo para el desarrollo económico y social de los mismos. Una ley establecerá el monto de ese fondo y los mecanismos para su uso”.
