Carlos Alonso Flores García fue contratado para el cargo de subgerente de Desarrollo Territorial en el municipio que dirige su prima, Jennifer Esmeralda Juárez García, la alcaldesa de Apopa por Nuevas Ideas. La ratificación de este contrato con un salario de $1,500 fue votada en la sesión del concejo municipal el pasado 6 de octubre, según documentos a los que La Prensa Gráfica tuvo acceso.
Flores García es ingeniero y, de acuerdo con regidores que participaron de la sesión del concejo, su hoja de vida no pone en duda sus capacidades. El conflicto radica en el parentesco de cuarto grado de consanguinidad que posee con la alcaldesa, el cual genera un conflicto de intereses que es perseguido por la Ley de Ética Gubernamental. Según la normativa, son prohibiciones éticas: “Nombrar, contratar, promover o ascender en la entidad pública que preside o donde ejerce autoridad, a su cónyuge, conviviente, parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o socio, excepto los casos permitidos por la ley”, reza el artículo 6.
El síndico de la alcaldía, Sergio Noel Monroy, asegura que le cuestionaron a la alcaldesa esta contratación cuando se votó el nombramiento de Flores García. Para una minoría, era un escándalo el evidente conflicto de intereses que había en ese nombramiento “Fueron cinco votos en contra y son 14 concejales. La alcaldesa revisó la ley pero no dijo nada”, dice Monroy.
El cargo otorgado al primo de la alcaldesa conlleva la responsabilidad de coordinar: proyectos, alumbrado, servicios públicos, desarrollo urbano y cementerios generales. Desde este cargo, además se otorgan permisos de construcción por parte de la alcaldía.
Antes de la contratación, esta plaza, en papel, había sido suprimida por el nuevo concejo, que asumió en mayo pasado. Así lo cuenta Miguel López, el exsubgerente de Desarrollo Territorial despedido por las nuevas autoridades en junio. López tenía ocho años de trabajar en la alcaldía y le dijeron que su despido obedecía a que la plaza sería suprimida. Pero no era cierto. Luego de su despido, la alcaldía llamó al primo de la alcaldesa, que según el síndico de la comuna estuvo a prueba tres meses, hasta la ratificación de su plaza, aprobada el pasado 6 de octubre.
El equipo jurídico que apoya a los cesados cuestiona la legalidad del nombramiento. “Me dijeron que era una supresión de plaza. A mí solo me mandaron a llamar y me dieron la nota de que estaba despedido”, dice López.
El lunes pasado, López Menjívar se presentó a la alcaldía porque el Juzgado de lo Laboral ordenó restituirlo en el cargo, pero Fidel Campos, jurídico de la alcaldía, argumentó que la municipalidad interpuso otro recurso y que el proceso no podría concretarse. De acuerdo con el equipo jurídico de los trabajadores, la orden judicial debió ejecutarse y, posteriormente, continuar con el proceso. El mismo lunes LPG buscó al primo de la alcaldesa para pedirle explicaciones sobre su contratación. Su asistente argumentó que estaba en una reunión. De su oficina aseguraron que devolverían la llamada para dar una respuesta, pero esta nunca llegó.
También se consultó a la alcaldesa, vía telefónica, sobre la legalidad de la contratación de su pariente, pero cuando Juárez García escuchó la pregunta hecha por ese medio, cortó la llamada y ya no atendió más su teléfono.
