Desde Sensuntepeque, Tonacatepeque y Jiquilisco llegaron salvadoreños a la Corte Suprema de Justicia a presentar 37 recursos de habeas corpus para pedir la liberación de sus familiares capturados en los cinco meses del régimen de excepción. Susana Cubías relató que el 26 de junio, la Policía Nacional Civil llegó a su casa en Sensuntepeque, Cabañas, despertó a su hermano que estaba en su día de descanso y se lo llevó. Hoy presentó un Habeas Corpus y pidió su liberación.
“Exigimos que a las personas inocentes que las liberen, una persona inocente no la encuentra en la casa. Una persona delincuente no está en la casa, anda huyendo de la autoridad”, aseguró la joven.
Otra salvadoreña relató que han tenido que costear pagos de abogados particulares, ante la falta de diligencia de la Procuraduría General de la República. “¿Qué quieren hacer? De 100 (procesados) lo averiguan a usted y averiguan al que sí es delincuente para condenar a los 100 ¿y qué pasa? Su comportamiento no es el mío… Sus antecedentes están limpios ¿y qué pasa? No valen porque la procuraduría, el procurador, el abogado de la procuraduría no los presenta”, se quejó Yamileth Zavala, cuyo esposo tiene cuatro meses detenido.
El grupo de familiares fueron recibidos por agentes de la Policía Nacional Civil que les pidieron sus datos para ingresar a la zona de la Corte.
Mientras estos familiares interponian los recursos, otro grupo aglutinados en el Movimiento de Víctimas del Régimen de El Salvdor (Movir) llegó a las puertas de la Asamblea Legislativa. Por segunda vez en las últimas semanas pidieron que se derogue el régimen de excepción y la l iberación de los detenidos arbitrariamente.
Además, exigieron “reparación por el daño económico, laboral, psicológico, moral y social causado a los detenidos”.
En un comunicado de prensa, el Movir asegura que a los detenidos se les ha violentado derechos fundamentales: “La libertad e integridad personal, presunción de inocencia, debido proceso, derecho a una defensa técnica, salud y la vida, que se pretenden justificar como ‘daños colaterales’, en la llamada guerra contra las pandillas”.
El Movir fue recibido por la diputada Anabel Belloso, del FMLN, quien dio iniciativa a una carta dirigida a la junta directiva con las peticiones. “No estamos defendiendo a nadie que cometa delito y menos a miembros de maras o pandillas”, añadieron en la misiva.
La tarde de este martes, el Gabinete de Seguridad volvió a pedir la prórroga al régimen de excepción que está por cumplir cinco meses, el próximo martes 23 de agosto desde la madrugada del 27 de marzo, cuando a petición del Ejecutivo, la Asamblea Legislativa aprobó suspender cuatro derechos constitucionales: libertad de asociación, defensa, detención administrativa de 72 horas y la inviolabilidad de la correspondencia.