El constitucionalista afirma que reproducir, comentar o reflexionar sobre declaraciones o comunicados del Departamento del Tesoro de EE.UU. sobre funcionarios salvadoreños no es difamación, como lo hace ver el asesor jurídico del gobierno. Tras las declaraciones del asesor jurídico de la Presidencia de la República, Javier Argueta, quien amenaza a periodistas de poder ser demandados por los funcionarios públicos señalados en el informe oficial del Departamento del Tesoro de EE.UU.; el abogado constitucionalista Enrique Anaya asegura que Argueta lo que intenta es “censurar” a los periodistas y medios de comunicación bajo un artilugio legal distorsionado.
“Reproducir, comentar y/o reflexionar sobre declaraciones o comunicados del Departamento del Tesoro de EE.UU. sobre funcionarios salvadoreños, NO es difamación. Ni tampoco supone violación a los derechos al honor y de defensa de los funcionarios sancionados por EE.UU.”, expresó este lunes Anaya en su cuenta de Twitter.
Y es que según Argueta, los derechos al honor y a la defensa son los que se pueden ver afectados en las réplicas hechas por los periodistas en medios de comunicación basados en la información oficial de investigaciones hechas por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sobre las negociaciones de funcionarios del gobierno con pandillas y actos de corrupción.
“Cuando se daña el honor se daña también a la familia. Lo menos que (los funcionarios) pueden hacer es defenderse”, explicó Argueta este lunes en una entrevista televisiva de TCS.
“Lo que dice el asesor del asesor de CAPRES es rotundamente FALSO”, reiteró horas más tarde Anaya.
De acuerdo al abogado constitucionalista no supone violación a los derechos al honor y de defensa de los funcionarios sancionados por EE.UU., agrega que existe suficiente jurisprudencia nacional e internacional que así lo sostiene: “si hay interés social en las expresiones, el derecho al honor cede”, argumentó Anaya.
Al contrario, el abogado cuestiona que con sus declaraciones el asesor jurídico de Capres viola las libertades de expresión y de prensa: “tosco intento de censura, que busca intimidar a ciudadanos y periodistas”, señaló Anaya.
Por su parte, el director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, reaccionó a las declaraciones del asesor jurídico de Casa Presidencial sobre sugerir que funcionarios demanden periodistas. Vivanco manifestó que El Salvador sigue la deriva autoritaria del presidente Nayib Bukele.
Señaló en su cuenta de Twitter que “sigue la deriva autoritaria de Bukele: ahora quieren perseguir a los periodistas que citen la información del gobierno de EE.UU. sobre las negociaciones del gobierno de El Salvador con pandillas”.
Mientras que el investigador senior de la División para las Américas de Human Rights Watch, Juan Pappier, dijo en Twitter: “El gobierno de Bukele quiere enjuiciar a periodistas que republiquen información del gobierno de EEUU sobre las negociaciones con pandillas”. Y añadió: “Me recuerda a la persecución de Diosdado Cabello contra @ElNacionalWeb por replicar denuncias de sus presuntos vínculos con narcotráfico”.
