Los funcionarios del gabinete de Seguridad arremetieron en contra de las organizaciones sociales que cuestionan violaciones a derechos humanos durante el régimen. Con 67 votos, la bancada oficialista y sus aliados aprobaron la noche de este martes una tercera prórroga del régimen de excepción, por 30 días más. La medida está vigente desde el pasado 27 de marzo tras un repunte de homicidios.
En un acto pocas veces visto en la Asamblea Legislativa; el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro; el de la Defensa, Francis Merino Monroy y el director de la Policía, Mauricio Arriaza Chicas, tuvieron un espacio para dirigirse a la población desde el podio principal del Salón Azul, en el marco de la presentación de la tercera solicitud de prórroga para el régimen de excepción por 30 días más.
En sus intervenciones, los funcionarios justificaron la necesidad de seguir con las medidas extraordinarias, sin embargo, achacaron a las organizaciones de defensa de los derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, las críticas que han recibido de que bajo el argumento de atacar a las pandillas, se han pasado llevando a personas inocentes y han violentado sus derechos fundamentales.
“Estos organismos internacionales no están representando los intereses de los salvadoreños. Están representando los derechos de los terroristas”, alegó el ministro de Seguridad.
La arremetida de Villatoro se da en el marco del anuncio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de que el 23 de junio organizaciones de derechos humanos expondrán en la CIDH las violaciones que se han cometido durante el régimen de excepción.
David Morales, director de Litigio Estratégico de Cristosal, informó hace unos días que los capturados no tienen comunicación con sus familiares, que no existe información de detenidos y que no se están dando los tratamientos adecuados a quienes tienen condiciones médicas graves.
Además, en las audiencias la defensa no tiene voz, no se individualizan delitos, se violan los procesos, desde la Fiscalía se impulsa una cacería de personas, la Policía hace procedimientos viciados, y que la Procuraduría General de la República está sobrepasada en su capacidad.
Según Morales, todo esto constituye un camino de consolidación de la impunidad y se favorecen los delitos de lesa humanidad.
Cristosal también ha registrado en lo que va del régimen 1,993 casos de personas que han denunciado violaciones a derechos humanos.
Sin embargo, para el presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, el gobierno del presidente Nayib Bukele ha sido el único que ha enfrentado un mal que los gobiernos anteriores alimentaron para obtener fondos, sin hacer nada para combatir a los grupos criminales.
“Por décadas, el país fue dominado por las pandillas. Los gobiernos fracasados del pasado intentaron hacerle creer a la población que la zozobra y la incertidumbre en la que se vivía era normal”, afirmó Castro.
También fue nombrando uno a uno por su nombre a los diputados de la bancada de Nuevas Ideas, dándoles ánimos de que cada uno será recordado como eslabones de la victoria que, asegura, será ganada por el actual gobierno en contra de las pandillas, “hasta las últimas consecuencias”.
“El Salvador en permanente Estado de Excepción, igual que en los años ’80 durante la guerra interna. No hay mucha diferencia entre los gobiernos militares de entonces y el gobierno actual”, reaccionó Zaira Navas, jefa jurídica de Estado de Derecho y Seguridad de Cristosal.